Retos del nuevo gobierno, en derechos humanos

El pasado día primero, tomó posesión el nuevo presidente de México, quien dirigirá en términos de lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las riendas del país. Los compromisos de su oferta política fueron muchos, entre ellos, ejercer el poder ejecutivo, con estricto respeto a los derechos humanos; aunque es en ese campo, donde precisamente existe una gran cantidad de menesteres que atender.

Definitivamente, los retos que tiene enfrente la nueva administración se ven grandes, ya que el sexenio que concluyó tuvo una serie de claroscuros –más oscuros que claros- en el ámbito del respeto a los derechos humanos. Mi particular punto de vista, después de conocer la integración del equipo de gobierno me hace pensar que pasaran otros seis años con escasa evolución en el tema; lejos de construir y mejorar el respeto de estos derechos, nos encontraremos de frente con una pared de dureza y represión hacia el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales.

Sin embargo, el compromiso deducido del discurso de quien se dirigió a un electorado que lo hizo triunfar, debe, válidamente, ser evaluado después de haber sido puesto en práctica, en consecuencia, le otorgo todo el beneficio de la duda, esperando equivocarme, por lo benéfico que eso sería.

Pero es oportuno hacer un espacio para precisar exactamente cuales son las necesidades que debe tomar este gobierno como retos y que desde luego requieren una inmediata respuesta de los órganos que intervienen, con objeto evitar lesiones a los derechos de las personas; para ello, me remitiré en ésta y algunas de las próximas entregas, a un documento elaborado y difundido hace algunos meses por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); se trata de la agenda de derechos humanos 2006. En ella, la CNDH, a partir de la observación de una serie de actos que podríamos considerar recurrentes por parte de la autoridad y que constituyen violaciones a los derechos humanos de los gobernados, realiza propuestas tendentes a erradicar algunas prácticas que incluso se han convertido en aceptadas por la colectividad.

De algunas de ellas le he dado cuenta estimado lector en ocasiones anteriores, sin embargo, por cuestión de orden, me referiré a las 18 que propone la CNDH: La inseguridad pública, basada en el estado en que nos encontramos los ciudadano frente a las amenazas del crimen organizado y la delincuencia común; la orientación de un sistema de justicia penal a un esquema acusatorios, obligada por las prácticas en las instituciones de procuración de justicia; los derechos de la víctima, en búsqueda de su efectiva aplicación; la presunción de inocencia, que debe ser reconocida en la Constitución, como ya lo ha sido en instrumentos internacionales y que debe observarse en cualquier procedimiento; la detención arbitraria; la tortura y malos tratos, que se continúan llevando a cabo en el seno más obscuro de algunas instituciones; la existencia de retenes de fuerzas armadas, sin solicitud de autoridad de seguridad pública que tiene tal responsabilidad; la violencia de género, entendida ésta como la que se aplica principalmente sobre la mujer y que lleva a la descomposición de las sociedades en que se presenta, como en Ciudad Juárez, Chihuahua: la atención a los menores de edad y adultos en plenitud, ya que se ubican en un posición de vulnerabilidad.

Otro lamentable flagelo que se convierte en factor a atacar por el nuevo gobierno es el que incide en los hechos que agravian a periodistas y comunicadores, que han aumentado en los últimos años y que aquejan incluso a esta casa editorial; el uso del polígrafo como medio de selección y evaluación de servidores públicos, que violenta el derecho a la intimidad; las condiciones de estancia que imperan en los reclusorios; una más amplia aplicación de penas alternativas, es decir aquellas diferentes a la de prisión; eficacia en el otorgamiento de libertad anticipada a reclusos; mayor conciencia y respeto sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; la evaluación de todo el contexto de la migración en nuestro país; la efectividad en el derecho a la protección a la salud y a la no discriminación.
Como se puede ver, se trata de una amplia tarea que debe atender el nuevo gobierno.

02-12-2006