La tarea de los derechos humanos

Soy un convencido de que la tarea de los derechos humanos es inagotable y sólo tiene un fin: vivir dignamente. Algo que todos quisiéramos. Pero, ¿Cómo se consigue vivir dignamente? ¿Es necesario el derecho o las leyes, para conseguirlo? Habrá quienes piensan que no; sin embargo, desde las sociedades ancestrales las normas han cumplido una función utilitaria para el orden de las cosas, lo que se acentuó con la creación del estado moderno y el constitucionalismo.
Fue a partir de entonces que los derechos humanos encontraron un nicho para contar con cierto valor jurídico, aunque no del todo real. Después de la segunda guerra mundial, el derecho internacional se convirtió en el caldo de cultivo de los derechos humanos y por virtud de los tratados internacionales nuevamente adquieren la relevancia que la teoría del estado moderno había asignado a los derechos del hombre.
La sistematización de los derechos humanos y de su protección permeó en diferentes países que los asimilaron a su derecho interno, México no fue excepción. Así las cosas, contamos con un catalogo de derechos humanos a partir de lo que señalan los tratados internacionales como “contenido esencial” de cada derecho humano, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, algunas leyes federales y estatales deben ir armonizando, para absorción de los derechos humanos al orden interno.
En un estado federal, nada limita que esos derechos humanos sean exclusivos de la materia constitucional –federal- y las entidades federativas simples espectadores; legislando lenta, pero muy lentamente, en materias específicas que tienen que ver con los derechos humanos.
También estoy convencido que el auténtico reconocimiento de los derechos humanos no proviene de cuantos tratados hablen de ellos, cuantos artículos constitucionales lo hagan también o cuantas leyes se expidan para fortalecerlos. El reconocimiento invariablemente proviene de su observancia, la cual sería simple si no tuviéramos la carga de tener que conocerlos, sino que ya fueran parte de nuestra cultura; por digo que los que no quieren hacer la tarea de los derechos humanos, debieron nacer dos generaciones antes o después, porque nuestra generación es para trabajar por los derechos humanos.
La situación espaciotemporal en que vivimos, nos obliga a abrir expectativas para sugerir dónde queremos dirigir la observancia de los derechos humanos en nuestro país. Los que consideran esto un tema carente de interés pugnarán por la politización de los derechos humanos y sus medios de defensa; seguirán pidiendo la pena de muerte para secuestradores y violadores; continuarán con el discurso de penas más altas para acabar con la criminalidad; seguirán tomando el tema del aborto como una bandera para discusiones que nada concluyen, pero que capitaliza adeptos por la simple simpatía o rechazo; unos criticarán los organismos públicos de defensa de los derechos humanos y otros dirán que deben de tener facultades para hacer cumplir sus “recomendaciones”; en fin, harán todo aquello que sirva para no servir.
Los que estamos convencidos en el progreso de los derechos humanos en nuestro país, no politizamos; construimos, aportamos y defendemos.
En la tarea de los derechos humanos no hay “hilo negro”. Todo tiene una lógica basada en la deontología; simple y sencillamente debemos adecuar nuestro entorno con el auxilio de las normas jurídicas, para incrustar su “contenido esencial”; la evolución humana obliga al crecimiento de los derechos humanos, las tecnologías, el medio ambiente y el desarrollo, son ya premisas concatenadas a los derechos humanos, cualquier tipo de aporte a las ciencia sociales, es una oportunidad para impactar en los derechos humanos.
Las necesidades naturales también obligan a reestructurar los derechos humanos. Recientemente en un foro internacional se negó el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano. Si bien esta no fue la oportunidad para hacerlo, seguramente en unos años más si lo será, y, como siempre, en México no estaremos preparados para la asimilación de lo que sería ese derecho humano; cuando aún tenemos a la mayoría de la población carente del líquido o en condiciones que no garantizan su abasto, además de no contar con la obra hidráulica suficiente para ofrecerlo, para tratarlo y reutilizarlo. Mucho menos conciencia sobre su mesurada utilización.
Entonces hay una realidad cierta que con meridiana claridad nos indica que los esfuerzos para que los derechos humanos se materialicen en México, han sido hasta hoy muy relativos, lentos, y desorganizados. Desafortunadamente no son valorados, sino en su mayoría cuestionados, los trabajos que se hacen para acercar esos derechos humanos a sus auténticos destinatarios, los ciudadanos.
Hace un año, en el estado de Sinaloa el Congreso Constituyente realizó una reforma a su constitución local, que de manera muy precisa mejoró sustancialmente el contexto de ciertos derechos humanos, lo más novedoso fue: la libertad para consentir o negar experimentos médicos o científicos y la divulgación de sus resultados; constitucionalizar el derecho al nombre y apellido; establecer el derecho de réplica; la indemnización por el error judicial y la privación ilegal de la libertad por otra autoridad. Se pueden escribir varias cuartillas sobre cada uno de esos derechos y aunque es mi intención, no lo haré en este documento. Pero además, el estado de Sinaloa, se obligó a través de su constitución local a tomar medidas para cumplir el derecho a la alimentación, al acceso al agua para consumo y uso doméstico, así como para ponderar armónicamente los conflictos de derechos humanos entre si. Evidentemente, se trata de una reforma constitucional muy bien intencionada, que sirve para ampliar el catálogo sinaloense de derechos humanos, y pone en las autoridades la carga de su cumplimiento.
¿Qué hacemos en el resto de las entidades federativas? Muy poco, un ejemplo es el promedio de 53.39% de armonización legislativa que tenemos las entidades federativas, frente a los tratados internacionales de derechos humanos referidos únicamente a los derechos de la niñez, la mujer, los indígenas, la desaparición forzada, la discapacidad, la discriminación, la justicia para adolescentes y la tortura.
El caso de Sonora es “regular” y por lo mismo, mejorable. En mayo de 2008, el porcentaje de armonización legislativa era de 47.7%, sólo una décima arriba de la media nacional de entonces; a la fecha es de 52.27%, esto es un aumento 4.57% en los dos periodos legislativos que mediaron en el año cíclico, pero ahora estamos 1.12% por debajo del promedio nacional actual. Para concluir con las matemáticas, al ritmo de trabajo de la legislatura LVIII, en sus periodos segundo del segundo año y primero del tercer año legislativos, requerimos de diez años y medio, para lograr los sonorenses el 100% de la armonización de nuestras leyes estatales frente a esos derechos humanos establecidos en tratados internacionales; es decir, hasta la legislatura LXII.
No obstante, debo reconocer que Sonora cuenta con el 100% de armonización de los derechos de las personas con capacidades diferentes, a través de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidades del Estado de Sonora, respecto a los derechos que establecen la Declaración de los Derechos de los Impedidos, el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en materia de los derechos de los indígenas, el porcentaje es de 0%, aunque desde hace más de un año hay una iniciativa en el Congreso del Estado de una Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Sonora.
Por eso debo concluir como empecé “la tarea de los derechos humanos es una tarea inagotable”. ¿Qué esperamos para hacerla?